La deuda y los intereses son mecanismos esenciales del sistema financiero moderno. Sin embargo, pocas personas son plenamente conscientes del nivel de recursos que estos representan en la economía global. En muchas naciones, los pagos por intereses y amortizaciones de deuda pueden representar desde un 5% hasta un 55% del Producto Bruto Interno (PBI). Es por eso que la "riqueza" de los países no se mide en PBN (producto bruto nacional) sino en PBI. Esta realidad, lejos de ser una curiosidad económica, es un factor determinante en las posibilidades de desarrollo de los países, la distribución del ingreso y el equilibrio global de poder económico. Los pagos de deuda que realizan los Estados, empresas y particulares se dividen principalmente en dos componentes: los intereses, que son el "costo" del dinero prestado y se pagan de forma periódica, y las amortizaciones, que son los pagos parciales o totales del capital prestado. A diferencia de los intereses, las amortizaciones reducen la deuda original. En conjunto, ambos constituyen la carga financiera anual que deben afrontar los distintos actores económicos.
A nivel mundial, esta carga difiere drásticamente entre países desarrollados y en desarrollo. En los primeros, los pagos de intereses anuales oscilan entre el 4% y el 7% del PBI, y la deuda total, sumando la pública y la privada, supera el 200% del PBI en muchos casos. Aunque parte de esa deuda se encuentra en manos locales y es refinanciada constantemente, el peso acumulado de los intereses y las amortizaciones puede consumir hasta un 30% del PBI con el tiempo. En los países en desarrollo, la situación es mucho más compleja: los intereses pueden representar entre el 5% y el 11% del PBI, y la deuda externa suele ser mucho más costosa, tanto por las tasas de interés más altas como por la necesidad de pagar en moneda dura. En contextos de crisis o devaluaciones, la carga financiera acumulada puede llegar o superar el 55% del PBI.
Algunos ejemplos reales permiten ilustrar esta situación. En Estados Unidos, los intereses federales superaron en 2024 los 870 mil millones de dólares, equivalentes al 3,1% del PBI. Si se suman los pagos de hogares y empresas, el porcentaje se eleva por encima del 6%. En Argentina, en algunos años los pagos de intereses representaron más del 5% del PBI y, sumando amortizaciones y compromisos con organismos internacionales, el esfuerzo total puede superar el 15% anual. En contextos de inflación, los pagos acumulativos llegaron a representar más del 50% del PBI.
Cuando un país paga intereses por encima de su tasa de crecimiento económico, se produce un fenómeno de extracción neta de riqueza. En muchos casos, sobre todo en el Sur Global, gran parte de la deuda está en manos de acreedores externos y se paga en divisas, lo que presiona sobre las reservas internacionales y reduce el margen fiscal. Los fondos transferidos van hacia bancos internacionales, bonistas privados y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Este ciclo, lejos de promover el desarrollo, perpetúa la dependencia financiera. En ese contexto, los principales beneficiarios son las entidades financieras internacionales, los fondos de inversión, los tenedores de bonos soberanos, y también los países desarrollados que exportan capital a través de sus bancos y fondos soberanos, captando los retornos de las deudas emitidas por otros.
En muchos países, además, una parte significativa de la deuda es considerada ilegítima o "odiosa". Fue contraída por gobiernos autoritarios, corruptos o presionados por intereses externos, sin que se hayan generado beneficios tangibles para la población. No hubo inversión en infraestructura ni desarrollo humano, y sin embargo, esos pasivos siguen siendo pagados con fondos públicos. Este fenómeno genera un ciclo de endeudamiento repetitivo, donde los nuevos préstamos no se destinan a inversiones productivas, sino a cubrir los vencimientos de intereses de deudas anteriores.
El impacto social y económico de esta situación es profundo. Los gobiernos se ven obligados a restringir sus presupuestos en áreas clave como la salud, la educación o la infraestructura. Para equilibrar las cuentas, a menudo se recurre a impuestos regresivos o a ajustes fiscales, que recaen desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. En muchos casos, las condiciones impuestas por los acreedores incluyen la privatización de servicios públicos, lo que reduce aún más la capacidad de acción del Estado. A nivel social, esto se traduce en pobreza estructural, migraciones forzadas y altos niveles de descontento.
Frente a esta realidad, diversos movimientos sociales, economistas y gobiernos han propuesto alternativas. Una de ellas es la auditoría de la deuda, para identificar cuáles partes son lícitas y cuáles deben ser repudiadas o renegociadas. Otra es la renegociación soberana de la deuda, con mejores plazos y tasas de interés. También se discute la necesidad de establecer impuestos sobre los capitales financieros especulativos y de crear sistemas financieros regionales, como bancos éticos y mecanismos de comercio que no dependan del dólar como puede ser una canasta básica de bienes/servicios. Es decir salirse del sistema monetario manejado por el régimen bancario y apuntar a sanar cuerpo (estructura) y sangre (moneda). Estas propuestas buscan devolver el control a las naciones sobre sus recursos y sus decisiones económicas.
En la teoría, la deuda puede ser una herramienta para financiar el desarrollo. Pero en la práctica, se convierte en un mecanismo de dominación. Cuando un país dedica desde el 15% de su PBI al pago de intereses y amortizaciones, está transfiriendo una parte de su esfuerzo productivo hacia el exterior. Cuando esa cifra asciende al 30, 40 o incluso 55%, estamos ante un verdadero proceso de extracción financiera sistemática. Esta situación, documentada en numerosos contextos, no es una exageración retórica, sino una descripción precisa del funcionamiento del sistema económico global. Replantear la relación entre deuda, finanzas y desarrollo es una tarea urgente si se quiere construir un orden económico más justo, equitativo y sostenible.
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